Por Luis Tovías Baciao

/ Foto Cortesía

¿Ha sufrido tratos crueles tanto físicos como psicológicos por parte de algún funcionario policial o militar? Los interesados por las repuestas, los defensores de los derechos humanos, entre otros, poseen apuntes en sus libretas con esta y varias preguntas para los afectados.   

Después de que la alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó su informe sobre Venezuela, el debate tomó de nuevo espacios en el país. ¿Se halla, usted, de acuerdo o no, o de forma parcial, con lo expuesto por la funcionaria multilateral?  

Le consultamos a Lyli López, directora nacional de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos Libertad, Justicia y Orden. Para ella, lo de Bachelet con su oficina en Caracas resulta favorable para los cambios positivos en esta materia en Venezuela.   

En entrevista para Ética Prensa, opina que todos quienes conforman el sistema justicia deben ayudar en el fortalecimiento de este. “A fin de mitigar las vulneraciones graves a los derechos humanos”, sostiene.

A su juicio, se ha evolucionado en materia legislativa en lo concerniente a garantizar la justicia para las víctimas. Pero, admite, en este contexto todavía se deben generar leyes en Venezuela.  

LEYES

La abogada considera que se necesita establecer una ley de procedimientos especiales para las requisas, con sus respectivos protocolos, en los recintos preventivos y en los internados judiciales. De manera que se puedan sancionar las transgresiones graves.

Según su óptica, urge abrir un compás de participación para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “A objeto de que con nuestro conocimiento podamos tratar estos casos, y  nosotros sabemos dónde están las debilidades”.

Además, la Defensoría del Pueblo debe pasar a ser “un actor importante en la protección y vigilancia a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, propone la experta.

López piensa que es fundamental que los activistas de estas áreas cuenten con una protección especial. “Para nosotros tener garantizado nuestro derecho, porque estamos en riesgo permanente de ser amenazados,  de ser agredidos”.

Esto por grupo funcionarios que en el ejercicio de sus funciones menoscaban derechos, “y nosotros somos unos actores principales que estamos allí, al frente, dando la cara.  Defendiendo y protegiendo a las víctimas. Son  mandatos constitucionales”, acota.

COMUNICACIÓN

Por otro lado, el Estado venezolano requiere abrir un canal permanente de comunicación y compromiso con las autoridades de la oficina de la alta comisionada, asevera López. Esto para se continúe con la profundización de todas estas investigaciones.

“Sé que se están haciendo avances importantes. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuenta con nuevos magistrados, está Gladys Gutiérrez como presidenta.  Está haciendo designaciones en varios circuitos judiciales del país”, observa.

Entonces, existe la confianza en que en efecto “la independencia judicial se fortalecerá en corto plazo”, prevé López.

—Bachelet aseguró que ha recibido preocupaciones sobre la reelección de algunos magistrados que, según ella, contradicen las limitaciones constitucionales sobre un periodo único de 12 años. ¿Qué opina sobre esto?

—La designación de los magistrados se hizo dando cumplimiento a la Constitución de la República Bolivariana, y a la Ley Orgánica del TSJ. De hecho, el Poder Ciudadano participó en la preselección