Por Luis Tovías Baciao
/Foto ONU
Esta semana, la alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, dejó una serie de señalamientos en esta materia a Venezuela, durante el diálogo interactivo de la actualización oral de la situación en el país suramericano.
En una reunión en Ginebra, Al-Nashif precisó que le “preocupan las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición”.
“Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse”, consideró la vocera, esta semana en una reunión en la
Previamente, Al Nashif había lamentado la decisión del Gobierno de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Derechos Humanos en el país.
“Desde el establecimiento de la presencia del Oficina de Derechos Humanos en el país, puedo dar fe de que se han producido cambios positivos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer”, aseguró la funcionaria.
Y citó como ejemplo, el hecho de que su oficina no ha registrado incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas relacionadas con el disfrute de los derechos sociales y económicos que han persistido durante todo el año.
Sin embargo, mostró su preocupación por presuntos “casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”.
A su juicio, los defensores de derechos humanos estarían presuntamente enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas, entre ellas Javier Tarazona y Rocío San Miguel.
En este contexto, hizo llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, porque incluso “podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”.
La alta comisionada adjunta también acogió con satisfacción la liberación de al menos 34 personas privadas de libertad a raíz de estos acuerdos. Sin embargo, recordó que la mayoría de ellas siguen siendo objeto de procesos penales y deben comparecer periódicamente ante el sistema de justicia.
En total, en 2023, la oficina registró 69 liberaciones de personas seguidas por el equipo en el país, de las cuales nueve tuvieron decisiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. “Pido su liberación total, así como una vez más, la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente”, recalcó.
“DESAPARICIONES FORZADAS”
La alta funcionaria informó de que, desde enero de 2023, su despacho ha documentado 18 casos de supuestas desapariciones forzadas, que habrían sido llevadas a cabo por servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad en el contexto de la detención.
“Estas personas fueron detenidas por funcionarios del Estado y permanecieron incomunicadas durante horas o incluso semanas. Durante este período, hubo una negativa a reconocer la privación de libertad o el ocultamiento del destino o su paradero. La mayoría de las personas se enfrentaron posteriormente a cargos relacionados con conspiración, terrorismo, asociación criminal, traición y lavado de dinero”, explicó.
En un contexto más económico, el miembro de las Naciones Unidas sostuvo que las sanciones han exacerbado los problemas preexistentes y han tenido un impacto negativo desproporcionado en los segmentos más vulnerables de la población. “Una vez más, hay que levantar las sanciones” unilaterales, enfatizó.
EL GOBIERNO RESPONDE
El representante permanente de Venezuela ante la sede Ginebra de la ONU, Alexander Yánez, rechazó este martes “la prevalencia de afirmaciones hostiles y sin fundamento, no verificadas ni contrastadas con el Estado” venezolano, en la actualización oral del alto comisionado para los Derechos Humanos (DDHH), Volker Türk.
Para Miraflores, la actualización oral expuesta deviene de la Resolución 51/29, adoptada “con el apoyo de un grupo cada vez más reducido de países, que instrumentaliza al Consejo de Derechos Humanos para poder avanzar en su agenda geopolítica”.
“Esos países insisten en intervenir en los asuntos internos de Venezuela, pretenden tutelar nuestras instituciones, renunciando de facto al diálogo genuino y a la cooperación”, arguyó el integrante del Estado venezolano en la sede multilateral.
Recordó que el alto comisionado, Volker Türk, visitó Caracas el año pasado por invitación del presidente Nicolás Maduro Moros y, según la visión del Gobierno, “constató la realidad real del país, de manera directa y no a través de la óptica distorsionada de los medios y redes de la comunicación global”.
El embajador lamentó que el equipo de la Oficina del Alto Comisionado, presente en Caracas desde 2019 y cesado este año, “se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas, en contravención del acuerdo que regulaba” su estancia en el país.
“El pronunciamiento de la oficina que motivó la cesación de sus funciones en Venezuela, estaba en perfecta correspondencia con el relato de los sectores más radicales de la oposición venezolana”, aseguró el funcionario.
De acuerdo con el Estado venezolano, se plantean y sostienen conversaciones para vislumbrar en el momento que sea necesario “un nuevo proceso de cooperación técnica en el nivel y la dimensión que corresponde, sin injerencias ni parcializaciones políticas”.
SANCIONES
Durante su intervención, Yánez reafirmó que “no se puede hablar de los derechos humanos en Venezuela sin tocar el terrible impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales (MCU)” contra la nación.
Yánez insistió en que estas sanciones son impuestas “por el Gobierno de Estados Unidos y otros países, que violan el derecho internacional y que son responsables de un verdadero crimen de lesa humanidad”.
En este sentido, juzgó de alentador los pronunciamientos del Alto Comisionado sobre “el negativo impacto de las ilegales MCU”, afirmando que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, y recomendando que se levanten por su efecto perjudicial.
“Estas ilegales medidas han generado la pérdida de más de 232 mil millones de dólares en la última década, eso sin considerar las pérdidas de vidas humanas. Es un crimen de lesa humanidad el cual hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional”.
Mencionó que Venezuela este año “se dirige a celebrar comicios presidenciales, siendo la elección número 31 en 25 años de Revolución Bolivariana, lo que reafirma la incuestionable vocación democrática del pueblo”.
“Reiteramos nuestro rechazo a la politización y los dobles raseros impulsados por sectores muy específicos en este digno Consejo contra Venezuela” y “reafirmamos nuestra plena disposición a seguir colaborando con un Sistema Universal de las Naciones Unidas”, objetó.
