Por A-Ética Prensa                                                            

/ Foto EFE

El dirigente opositor Henrique Capriles anunció que votará el próximo 3 de diciembre en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, convocado por el Gobierno venezolano, cuyos altos funcionarios también han llamado a participar.

“Por supuesto que voy a votar, esto no se trata de (Nicolás) Maduro ni del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela), esto es un tema de los que somos venezolanos”, sostuvo Capriles en un video difundido en redes sociales.

Antes, también del lado opositor, María Corina Machado, electa candidata para las presidenciales de 2024, pidió lo contrario: suspender el referendo sobre la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana.

 “La soberanía se ejerce, no se consulta”, arguyó Machado en una declaración difundida en sus redes sociales sobre la consulta pautada para el 3 de diciembre. “El referendo sobre el Esequibo debe suspenderse”, añadió la dirigente –citada por Infobae—quien opinó el mecanismo como una “distracción” en medio del clima político, económico y social venezolano de cara a las elecciones presidenciales.

Por Glvsion                                                                          

/ Foto EFE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) facilitó el vuelo de deportación a Venezuela y otros países de Centroamérica.

En las últimas semanas se han registrado más de 30 vuelos de repatriación que han llevado a miles de personas a su país de origen y más de 5 mil ciudadanos directamente a México.

Aquellas personas que carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos (EE.UU.) serán expulsado de ese territorio, de acuerdo a lo establecido en la ley de ese país.

EE.UU. garantiza que los no ciudadanos sin base legal para estar en esa nación sean examinados de forma adecuada con el fin de determinar si tienen reclamos de protección válidos y suspensión de expulsión de acuerdo a nuestras leyes y las obligaciones internacionales de EE.UU., replicó Globovisión.

Los no ciudadanos  sometidos a procesos de deportación presentan solicitudes de alivio o protección ante la deportación a jueces de inmigración que laboran en tribunales de inmigración, administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.

Por Europa Press                                                               

/ Foto UE                                                                              

Los Veintisiete países que conforman la Unión Europea (UE) han acordado este lunes relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de gobiernos, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez, para facilitar a las organizaciones humanitarias en la zona el acceso a la ayuda enviada en situaciones de crisis, en línea con lo establecido por Naciones Unidas.

En concreto, el Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques.

Así, los considerados actores humanitarios por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las agencias y otras organizaciones certificadas como socios humanitarios de la UE podrán realizar transacciones financieras con personas o entidades que figuren en la lista de sancionados si el objetivo es asegurar la asistencia humanitaria en poblaciones vulnerables.

Los Veintisiete revisarán «periódicamente» las excepciones acordadas para evaluar su adecuación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario. La Unión Europea considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque, en línea con Naciones Unidas u otros socios internacionales, salvaguarda la acción humanitaria ofrecida por actores «imparciales».

Además, defiende que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones comunitarias «no obstaculizará» la prestación de asistencia humanitaria.