Por Luis Tovías Baciao
/ Foto CPI
Este martes, la Corte Penal Internacional (CPI) autorizó al fiscal Karim Khan la reactivación de su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La medida se adopta al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”, precisa el organismo.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI fundamentó su decisión en una solicitud de la Fiscalía, para la cual recabó la versión de Venezuela y «1.875 opiniones» recogidas «por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones».
Según los jueces Péter Kovács,Reine Adélaide Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, si bien el país desarrolla algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía.
El ente global, reseñado por medios internacionales, consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
Los jueces recordaron que esta conclusión, sin embargo, “no impide” que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la “inadmisibilidad con base en la complementariedad”.
EL GOBIERNO RESPONDE
Por su parte, el canciller del país caribeño, Yván Gil, difundió un comunicado en el cual Miraflores acota que el proceso, activado desde 2018, tiene la «intención de instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos».
Estos fines se hallan vinculados, según la versión de Caracas, «con la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por las autoridades de los Estados Unidos».
De acuerdo con el Ejecutivo venezolano, la acusación parte de «la manipulación deliberada de un reducido conjunto de delitos contra los derechos humanos que han sido o están siendo investigados y sancionados por el sistema de justicia» local.
Las autoridades tildaron el paso judicial de «maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional».
El Gobierno aseveró que recurrirá el fallo ante la Sala de Apelaciones de la CPI y continuará «haciendo uso de todas las acciones previstas en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional para garantizar sus derechos como nación».
